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    Oficio del año 2014 es el nuevo foco de conflicto entre Aylwin y Jorge del Pozo

    Abogado del alcalde dijo que documento presentado por el concejal no constituye sentencia y es una opinión que dio a conocer el entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán.

    Otro capítulo en la trama sumó la disputa entre el alcalde Felipe Aylwin y los concejales de la municipalidad chillanvejana. Esto a raíz de que concejales, encabezados por Jorge del Pozo, siguen cuestionando que el alcalde de la comuna continúe ejerciendo su cargo, pese a estar -según ellos- suspendido para realizar dicha funciones.

    Vale recordar que Felipe Aylwin es actualmente uno de los diez imputados por el caso de "Fraude al Fisco" ocurrido al interior de la Municipalidad de Chillán Viejo, y desde ese entonces es que ha tenido que enfrentar los cuestionamientos del concejo municipal.

    En esta oportunidad, los descargos vienen de la mano de antecedentes jurídicos que ambas partes han presentado para defender sus posturas.

    Es así como el concejal Jorge del Pozo dio a conocer el oficio N°699 del año 2014, donde el fiscal nacional de la época, Sabas Chahuán, entregaba ciertos lineamientos sobre delitos de corrupción por parte de ciertas autoridades. En él se hace alusión a que "si un alcalde o concejal son acusados por un delito que merezca pena aflictiva o que la ley la califique de conducta terrorista, produce efectos en la capacidad para desempeñar dichos cargos".

    En tal sentido, el concejal PRSD de Chillán Viejo sostiene que "en este oficio queda claro que si un alcalde es acusado por uno de estos delitos ve suspendidos sus derechos a sufragio, incurriendo en una causal de inhabilidad temporal para el ejercicio de su cargo".

    Respuesta en favor de Aylwin

    Ante este escenario fue el abogado Rodrigo Vera quien le respondió a Jorge del Pozo, manifestando que "este oficio que se presenta como una sentencia o algo perentorio no es más que la opinión personal del fiscal nacional de esos años, pero en ningún caso ese oficio puede tomarse como una ley. Por lo mismo el Tribunal Constitucional resolvió el año 2017 que se requería sanción judicial previa, por lo tanto lo presentado por el concejal es solo una opinión más y por lo tanto no es vinculante", aclaró.

    Asimismo, y reforzando su tesis, el abogado señaló que "el Tribunal Constitucional manifestó dos cosas relevantes. Por una parte, debe haber autorización judicial porque están privando a un chileno de ejercer un cargo público y lo otro que dijo el tribunal es que la suspensión del derecho de sufragio opera después de la audiencia de preparación de juicio oral; recién ahí el juez de Garantía debe informar al Servicio Electoral de que tal persona tiene suspendido su derecho a sufragio", puntualizó.

    Por lo tanto, agregó el abogado, "mientras esas situaciones no se den, Felipe Aylwin va a estar en los registros electorales con todos sus derechos que le competen, por lo mismo no va a estar inhabilitado para ejercer su cargo de alcalde".

    Cuestionamiento

    Sin embargo, Jorge del Pozo cuestionó los dichos del jurista sosteniendo que "la Contraloría General de la República, el 27 de noviembre del año 2015, acoge acusación contra el alcalde por fraude al fisco previsto en el artículo 239, inciso segundo del Código Penal, el cual señala que merece pena aflictiva y por lo tanto bajo la jurisprudencia vigente lleva consigo la suspensión del derecho a sufragio a contar de la fecha señalada", enfatizó, y en ese orden de cosas calificó de "impresentable que el alcalde siga queriendo torcerle la mano a la justicia y por lo mismo esperamos que esto cambie", concluyó Del Pozo.
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