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Dos contratistas fueron formalizados por delitos económicos detectados en municipio de Tierra Amarilla

La investigación se enmarca en la denominada "Operación Pureza", en el que están involucrados el alcalde suplente Mario Morales y otros funcionarios municipales.

La Fiscalía de Atacama sumó este viernes a dos nuevos imputados, los que fueron detenidos en la tarde del jueves por detectives de la PDI en el marco de la "Operación Pureza", una investigación que está desarrollando el Ministerio Público en el municipio de Tierra Amarilla por delitos económicos detectados en la casa consistorial, el cual tiene al alcalde suplente, Mario Morales, y otros funcionarios con diversas medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva.

De acuerdo a los antecedentes dados a conocer en la audiencia de formalización, el contratista aceptó el ofrecimiento que le hicieron desde el municipio para la adjudicación de la iniciativa a cambio del pago de una coima.

Según el fiscal Luis Miranda, el contratista presentó "un proyecto por un monto de 49 millones 623 mil pesos, el cual luego fue aumentado en un 40 por ciento por los imputados, funcionarios públicos del municipio, llegando a la suma de 87 millones 886 mil pesos”, y agregó que la diferencia de dinero correspondió al paso de beneficio económico irregular.

Mientras que en el caso de la mujer, el fiscal sostuvo que operó en los mismos términos como contratista del municipio investigado en dos proyectos, el primero fue adjudicado por un monto de 70 millones 329 mil pesos; mientras que el segundo por un monto de 54 millones 834 mil pesos. En ambas iniciativas, parte de esos montos fueron entregados al alcalde suplente y otros directivos y funcionarios municipales a modo de coima.

En ambos casos, los imputados fueron formalizados por los delitos de cohecho y fraude al fisco, pero al primero de ellos le imputaron el delito de soborno como persona jurídica. A petición del Ministerio Público, ambas personas quedaron con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellas, dado que la investigación está en plena ejecución.
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