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Decretan arraigo nacional y prohibición de acercamiento a testigos para Consejera Regional de Atacama

La autoridad electa en 2017 fue formalizada este lunes por el delito uso malicioso de instrumento público.

La Fiscalía de Atacama formalizó en la mañana de este lunes a una consejera regional. Esto en el marco de una extensa investigación que lleva cabo la Fiscalia Local de Vallenar junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.

La audiencia fue asumida por el fiscal jefe de esta ciudad, Nicolás Zolezzi Briones, quien dio cuenta de los antecedentes reunidos en la carpeta investigativa de este caso. Los cuales fueron el fundamento para comunicar que se indagan los delitos de Uso Malicioso de Instrumento Público cometido por un particular, Perjurio  y Obtención fraudulenta por parte del Estado de remuneraciones.

“De acuerdo a la investigación durante el año 2017 la actual consejera regional, Rebeca Torrejón, concurrió al Liceo Pedro Troncoso Machuca para realizar la solicitud de documentación, específicamente el Certificado de Enseñanza Media. Petición que hizo a una administrativa del recinto educativo, documento que finalmente obtuvo junto a un certificado anual de estudios. Los cuales, de acuerdo a lo establecido resultan ideológicamente falsos”, dijo el fiscal Zolezzi.

Postulación

Los argumentos entregados por el fiscal en la audiencia, indican que una vez obtenidos dichos documentos, firmó ante notario una declaración jurada en que aseguraba haber rendido la enseñanza media y haber egresado del recinto educacional mencionado el año 1975.

Cuestión que era requisito para poder postular al cargo de consejera en el mes de agosto del año 2017. Siendo elegida por votación popular y manteniéndose en dicho cargo en la actualidad, función por la que ha recibido, por concepto de remuneración, un monto que supera los 45 millones de pesos desde marzo de 2018 hasta agosto de 2020.

En su relato, Nicolás Zolezzi indicó que a partir de la investigación llevada a cabo se pudo establecer que en el año 1975, fecha en que la imputada documentó haber cursado cuarto medio, efectivamente asistió al liceo, pero como parte del curso primer año medio. Mientras que en el año 1977, la consejera investigada cursó y reprobó el tercer año de enseñanza media.

Por estos hechos, la Fiscalía formalizó la investigación por los delitos ya mencionados y solicitó 90 días para el desarrollo de las diligencias que restan en la causa, lo que fue acogido por el Juez de turno.

Respecto de las medidas cautelares que deberá cumplir la imputada, el Ministerio Público solicitó el arresto domiciliario total para poder asegurar el trabajo investigativo que actualmente resta en esta causa y en consideración a su edad y comparecencia voluntaria a la audiencia. Decretando finalmente el Tribunal las cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse y comunicarse con testigos de esta investigación.

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