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[VIDEO] Corte de Iquique rechaza recurso de amparo por orden de detención de ex diputado Hugo Gutiérrez

Yubisay Mosqueda

Descartan que la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de esta comuna, “perturbe o amenace la libertad o seguridad del ex parlamentario”.

La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó este viernes el recurso de amparo presentado por la defensa del ex diputado Hugo Humberto Gutiérrez Gálvez, con el que buscaba dejar sin efecto la orden de detención decretada ayer, por incomparecencia a la audiencia de procedimiento simplificado agendada en la causa en la cual el Ministerio Público le imputa autoría en los delitos de amenazas a funcionarios de la Armada y denegación de auxilio.

En fallo unánime, la Sala del tribunal de alzada,integrada por los ministros Pedro Güiza Gutiérrez, Mónica Olivares Ojeda y Marilyn Fredes Araya rechazó la acción constitucional, tras descartar que la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Iquique, perturbe o amenace la libertad o seguridad del amparado.

“Determinado el sustrato legal, exigiendo la acción una ilegal o arbitraria perturbación o amenaza a la libertad personal de un individuo, de los antecedentes aportados a las partes, se desprende, como primera cuestión, que lo resuelto se ha efectuado por tribunal competente, luego de ponderar los antecedentes allegados por el Ministerio Público, dentro de un proceso penal, ajustado a los principios que lo informan y dentro del ámbito de potestades legales de que el tribunal dispone, todo lo cual se aprecia ejercido con fundamento, proporcionalidad, prudencia y oportunidad, de acuerdo a lo que la naturaleza y circunstancias del caso requieren”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “(…) por otro lado, dado que, la nulidad decretada lo fue conforme a una normativa diversa a aquella que sirvió de fundamento de la orden despachada, no es posible entender que la decisión atacada actualmente es contradictoria a la que le precedió, menos cuando resulta plausible a la luz de los antecedentes existentes en la causa, así como también de aquellos que, tal como lo expresa el señor Juez, son de público conocimiento, en redes sociales y medios de comunicación diversos”.

Para el tribunal, “refuerzan lo anterior, todos los antecedentes expresados en la presente audiencia, los cuales impiden entender que se haya incurrido en una conducta ilegal o arbitraria que atente o amenace la libertad personal y seguridad individual del amparado”.

“Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia, “se rechaza la acción constitucional de amparo a favor de Hugo Humberto Gutiérrez Gálvez”, concluyó.

Orden de detención permanece vigente

Por su parte, el fiscal de la causa, Eduardo Ríos indicó, que “esta resolución confirma los argumentos vertidos por el Tribunal de Garantía de Iquique y por esta Fiscalía, de manera que la orden de detención permanece plenamente vigente y actualmente está siendo diligenciada por la Policía de Investigaciones”.

En los alegatos ante la Corte, el fiscal Ríos detalló cada una de las acciones realizadas por el tribunal, la Policía de Investigaciones y la propia Fiscalía para contactar, ubicar y notificar al imputado desde octubre del año pasado, sin que ninguna de ella haya logrado que el imputado compareciera a las audiencias fijadas, o se presentara ante la policía o el Ministerio Público; demostrando con ello que el imputado está demorado y dificultando el proceso.

La Fiscalía presentó un requerimiento en procedimiento simplificado en contra del ex diputado, por los hechos sucedido 8 de agosto del año pasado, cuando él junto a otras personas fue fiscalizado por parte de personal de la Armada en el sector de Playa Cavancha, en Iquique. De acuerdo al Ministerio Público, se configurarían los delitos de amenazas previsto en el Código de Justicia Militar y de omisión de cooperación pública, por los cuales está solicitando una pena de 540 días de presidio y 540 días de suspensión del empleo y multa de 8 UTM, respectivamente.

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