Corte Suprema deja sin efecto expulsión de seis migrantes dictadas por las Intendencias de Tarapacá y Antofagasta

La Corte Suprema acogió este miércoles el recurso de amparo presentado en contra de las intendencias regionales de Tarapacá y Antofagasta, respectivamente, y dejó sin efecto las resoluciones de expulsión de seis ciudadanos venezolanos, que habrían ingresado ilegalmente al país.

Según la información entregada por el Poder Judicial, la Segunda Sala del máximo tribunal,integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Juan Manuel Muñoz Pardo y la abogada (i) Pía Tavolari, “estableció el actuar arbitrario e ilegal de las recurridas, al decretar la salida obligada de los amparados, tras un procedimiento contencioso administrativo insuficiente, carente de fundamentación, proporcionalidad y razonabilidad”.

“Que así, entonces, la decisión de expulsar a un ciudadano extranjero, en cuanto implica la dictación de un acto administrativo terminal, debe necesariamente ser antecedida de un contencioso administrativo que se subordine a los principios contemplados en el artículo 4 la Ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, entre ellos, los de escrituración, transparencia, contradictoriedad e imparcialidad, además de cumplir con las exigencias de fundamentación, tanto de hecho como de derecho, que le impone el inciso 2°, del artículo 11 del citado cuerpo normativo, en cuanto pudiere afectar los derechos de los particulares”, reitera el fallo.

“Para la Sala Penal: “(…) en el caso de marras, aparece de manifiesto que las decisiones de la Administración se adoptaron luego de un procedimiento contencioso administrativo insuficiente, por cuanto los recurrentes no fueron oídos ni pudieron presentar las pruebas que estimare del caso, lo que torna en ilegal tales pronunciamientos en cuanto carecen de la debida fundamentación, no pudiendo desprenderse de ellas criterio alguno de proporcionalidad y razonabilidad, motivo por el cual la presente acción constitucional deberá ser acogida, al afectar la libertad ambulatoria de las personas, en cuyo favor se acciona, sujetos a la medida de expulsión del territorio nacional”. indica el fallo.

Asimismo, el fallo consigna: “Que, respecto de los amparados debe tenerse además en consideración que la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2, enfermedad que amenaza la vida y salud individual de la totalidad de la población mundial, misma que no ha sido controlada, además, las persecuciones políticas y dificultades económicas, más las carencias sanitarias que padecen en sus países de origen quienes ingresan irregularmente a Chile, las que son de público conocimiento y que incluso, como es sabido, han llevado a naciones, a autorizar, recientemente, visas temporarias a cientos de ciudadanos extranjeros que han acudido hasta sus respectivas fronteras, de modo tal que de mantenerse el decreto de expulsión del territorio nacional de un ciudadano extranjero bajo tales circunstancias, implicaría necesariamente una afectación de la integridad física, psíquica y seguridad personal de los mismos”.

“Que, finalmente, debe tenerse presente que de los antecedentes del recurso se desprende que gran parte de los amparados cuentan con familia en el territorio nacional, por lo que de mantenerse la decisión de la autoridad administrativa se ocasionará la separación de ella. El acto administrativo impugnado vulnera de esta forma el principio de reunificación familiar, consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política de la República, en cuanto establecen que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado darle protección, por lo que el tribunal debe adoptar las medidas para reparar la afectación de los derechos vulnerados”, concluye.

Por tanto, “se revoca la sentencia apelada de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en el Ingreso de Corte N° 145-2021, y en su lugar se declara que se acoge el recurso de amparo interpuesto (...) dejándose sin efecto las Resoluciones Exentas (...) dictadas por la Intendencia de la Región de Tarapacá y Antofagasta, respectivamente”.