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Piden altas condenas para jóvenes acusados de provocar motín en centro de reclusión de Puerto Montt

Fabiola Ancapichún Ojeda fabiola.ancapichun@diariollanquihue.cl

En agosto de 2011, los 8 acusados habrían iniciado desórdenes e intentado agredir a los funcionarios, tras lo cual habrían prendido fuego a elementos inflamables. La defensa dice que el Ministerio Público no tiene antecedentes para demostrar su culpabilidad.

Ocho jóvenes del centro de reclusión del Sename de Puerto Montt arriesgan más de 10 años de cárcel, luego que el Ministerio Público los acusara del delito de incendio calificado, ya que habrían provocado un motín que afectó las dependencias, pero que no dejó lesionados, en 2011.

Según la acusación de la fiscal Pamela Salgado, el 29 de agosto, en horas de la noche, al interior del Centro de Internación en Régimen Cerrado (CIP) de Puerto Montt los imputados Víctor Aguilera Carrasco, Héctor Barría Cifuentes, Erick Maldonado Piticar, Franco Delgado Triviño y cuatro menores de edad –quienes se encontraban cumpliendo sanciones como adolescentes internos- iniciaron desórdenes e intentaron agredir a los educadores del lugar, lograron expulsarlos del módulo, para luego prender fuego a estufas, muebles, colchones, ropas y otros elementos inflamables que habían acopiado en las vías de ingreso de dicha sección”.

Y agrega que el fuego se propagó por el edificio, poniendo en riesgo sus vidas e integridades físicas, como también la de los funcionarios, destruyendo y dañando gran parte de su estructura. Los daños fueron avaluados en cerca de $38 millones.

Grace Méndez, abogada de los cuatros adultos, se refirió a la tesis que tienen como defensa en este juicio. “Es claramente la absolución, creemos que el Ministerio Público no va a poder acreditar entre otras cosas la participación directa, distinguiendo que hay una situación previa de desórdenes de parte de los jóvenes, pero respecto al inicio del fuego que da origen al incendio no podrá quedar acreditado”.

Además, dijo que la acusación tiene algunos errores y que existen deficiencias de infraestructura, ya que hace muchos años se pide que los jóvenes sean trasladados a un centro de reclusión que tenga mayores medidas de seguridad. “Gracias a Dios, ellos salieron por sus propios medios y no tenemos que lamentar pérdida de vidas”.

Marcela Crisosto, abogada de los menores, precisó que “si sumamos todas las penas, la Fiscalía está pidiendo para los acusados un total de 95 años. Es bastante alta la pena, considerando la prueba deficiente que tiene el Ministerio Público, ya que no queda clara la participación. Todos se inició por desórdenes, a raíz de un incidente que acarreó uno de los menores que no está acusado el día de hoy”.
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