Puerto Montt: culpables de explotación sexual de niñas estarán presos poco más de un año

No fue favorable para la Fiscalía de Puerto Montt el segundo juicio oral en el caso de la explotación sexual de menores, porque de los cuatro años efectivos que había dictaminado el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) en el primer juicio, se rebajó a 13 meses de pena privativa de libertad; impensado para los querellantes y Ministerio Público, si los jueces encontraron culpables por todos los delitos a los dos acusados.

La sala que vio este segundo juicio, que se extendió por ocho días, estuvo compuesta por la jueza Neida Santelices y los magistrados Claudio Ayala y José Bustos, quien presidió la sala.

Neida Santelices, al dar a conocer las penas, se refirió a la rebaja en dos grados por la irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial entregada por ambos imputados.

Manuel Liberona Guerrero fue sentenciado a tres años y un día por el delito de violación y tres años por obtención de servicio sexual comercial de menores, en calidad de consumado. Esta pena la podrá cumplir en libertad vigilada intensiva.

Como Liberona ha estado en prisión preventiva y arresto domiciliario alrededor de 700 días, es tomado como abono a la sentencia, por lo que deberá pasar en la cárcel alrededor de 13 meses.

El abogado Jorge Rodríguez Lopetegui fue sentenciado a una pena de tres años y un día por el ilícito de violación, tres años por obtención de servicios sexuales comercial de menores y 61 días por almacenamiento de material pornográfico infantil. Las penas de tres años y 61 días las podrá cumplir en libertad vigilada y remisión condicional.

La condena por tres años y un día fue rebajada a 14 meses, aproximadamente, porque abonará los 633 días que ha estado en prisión preventiva y arresto domiciliario.

El fiscal jefe Marcello Sambuceti se mostró tranquilo, pero recalcó que es el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt el que debe entregar una explicación.

“Nos quedamos tranquilos porque se hizo todo el trabajo, y fue una investigación compleja, con muchos recursos y desplazamientos, donde hubo policías y técnicos y la valentía de muchas niñas que contaron lo que pasaron y lo que vieron, lo que permitió generar confianza con ellas”, señaló.

Sambuceti fue claro y manifestó que no quedaron conformes con el juicio, “pedimos la nulidad lo hicimos de nuevo y se dio por acreditado todos los hechos y nuestro trabajo termina cuando el tribunal entrega su fallo y no es la Fiscalía, es el tribunal el que debe explicar del por qué le imponen una pena de tres años y un día a personas que a nuestro juicio merecen una pena mayor”, afirmó.

El abogado Rafael Gallardo, defensor de Jorge Rodríguez dijo que técnicamente el fallo pudo haber sido mejor.

“Vamos a revisar la sentencia, pero en principio estamos conformes, aunque nosotros sostuvimos como lo hicimos en el primer juicio la posibilidad de absolver. No hay recursos procesales para el Ministerio Público y si nosotros no recurrimos esta sentencia queda firme y ejecutoriada en 10 días”, adujo.

El abogado Jorge Matzner, defensor de Manuel Liberona, señaló que en términos prácticos el cumplimiento (en la cárcel) de su representado fue reducido.

Para Matzner, el segundo juicio era innecesario, por el enorme gasto de recursos del Estado.

“En definitiva la Fiscalía no logró nada, y lo que consiguió es una pena efectiva inferior a la que se le había aplicado en el primer juicio. Nosotros estábamos en desacuerdo de realizar este segundo juicio”, manifestó.

Para el fiscal Patricio Llancamán, el tribunal es quien ha ponderado el juicio, las pruebas y el mérito de los hechos ocurridos y “ha sido el tribunal que ha definido las penas que se han impuesto que, por supuesto, distan de lo que nosotros consideramos como adecuado para la conducta atribuida a cada uno de los condenados”, aseveró.

Ninguno de los condenados quiso hablar y salieron corriendo del tribunal.

En tanto, la directora regional del Sename, Pamela Soto, valoró el fallo condenatorio, en especial respecto del delito de violación en contra de una niña de apenas 12 años a la fecha de los hechos.

“Sin embargo, la sentencia no nos deja satisfechos, no podemos sacar de nuestro argumento la situación de la víctimas, la profundidad del daño causado y su extensión en el tiempo. Cuando como país nos planteamos un nuevo trato hacia la niñez y adolescencia no podemos sentirnos satisfechos y guardar silencio cuando la ley permite que dos agresores sexuales de niñas de nuestra provincia reciben penas así de bajas, debemos poner la mirada en las víctimas y su necesidad de justicia”, afirmó.