Temor en sectores productivos ante solicitud de extensa concesión marítima

La inédita solicitud de concesión marítima presentada por el lonko Eric Vargas, que busca recuperar para 15 comunidades espacios ancestrales del litoral, generó diversas reacciones entre actores locales relacionados a la actividad productiva ligada al mar.

Es que de prosperar esa iniciativa y se demuestra que en ese territorio hubo uso ancestral, quedan detenidas todas las peticiones de concesiones públicas o privadas que pudieran estar pujando para hacer uso de esos territorios.

La petición, que ingresó el pasado 10 de agosto a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), considera un área geográfica considerable, desde Caleta La Arena hasta Pargua y todo el borde costero de Puerto Montt y Calbuco.

Ella está amparada en la ley de Espacio Costero Marítimo de Pueblos Originarios (ECMPO), conocida popularmente como Ley Lafkenche.

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“Nos preocupa la magnitud de la solicitud, ya que abarca cuatro comunas del borde costero, con una alta presencia de la industria y de otros sectores productivos relevantes para la región. El efecto suspensivo que contiene la norma en la práctica paraliza todas las tramitaciones pendientes que tienen los diversos actores del borde costero”, comentó Tomás Monge, director del Área Territorial de SalmonChile.

Ante la probabilidad que esta situación ponga en riesgo el desarrollo de la actividad, el ejecutivo enfatizó que “cualquier norma que paralice el borde costero por un largo plazo, dificulta el desarrollo de la salmonicultura, mitilicultura artesanal e industrial, pesca artesanal, puertos, armadores y cualquier otra actividad económica que requiera autorizaciones y concesiones en el borde costero”.

Y expuso que al tratarse de una solicitud en trámite, “se paraliza el proceso de relocalización, y la tramitación de solicitudes o renovaciones de concesiones marítimas, que llevan años operando, lo que es complejo para la certeza en las inversiones actuales y futuras”.

Monge planteó que la forma como se está aplicando la ley “genera incertidumbre en la economía regional”.

Añadió que el gremio no es contrario al espíritu de la norma, “pero creemos que hay muchos aspectos que mejorar en su aplicación práctica, para brindar certeza laboral, económica y jurídica a los diversos actores que conviven en el borde costero”.

Propuso que urge acotar los plazos de tramitación, que sobrepasan los siete años en algunos casos, “lo que es inaceptable, tanto para comunidades solicitantes como para terceros interesados”, por lo que planteó la necesidad de avanzar en dar transparencia a la ley.

Asimismo, consideró fundamental trabajar “con los diversos actores del borde costero, incluyendo a las comunidades, y avanzar con decisión en estas materias. Creemos que están las condiciones para sentarse a conversar. Hacemos un llamado a avanzar rápido en esta instancia”.

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En la misma línea se pronunció Jorge Andrés Morales, presidente de la Asociación Gremial de Mitilicultores de Calbuco, quien admitió que “vemos con preocupación que se amenace de tal manera la subsistencia de nuestra fuente laboral”.

Explicó que esa industria se mantiene en base a la colecta de semillas de choritos y que termina en las plantas de proceso de la región. Dijo que esa recolección “se realiza en todo el sector solicitado”.

Agregó que como los permisos de colecta son temporales, “por esta ley no podrían ser renovados, dejándonos sin el primer eslabón de nuestra cadena productiva”. Advierte que ello “terminará con esta actividad que genera más de 17 mil empleos directos en toda la región”, además de los temporales en época de siembra y cosecha.

Consideró que esa solicitud de concesión es incomprensible, al advertir que “toda la industria del mejillón utiliza no más de 13 mil hectáreas en la región, a diferencia de las dos millones de hectáreas que considera la petición de los pueblos originarios”.

También criticó que el desarrollo de esa industria se vea amenazada “por una ley muy mal redactada y aprobada, que generará un aprovechamiento y abuso de dirigentes indígenas, que sólo buscan un chantaje económico”.

Junto con pedir el actuar de los parlamentarios y buscar una solución a esta situación, advirtió que están “en alerta para posibles manifestaciones de rechazo”, frente a esta petición “que amenaza paralizar no sólo a la industria del mejillón, sino que a todas las actividades económicas del borde costero de la Décima Región”.

Alejandro Santibáñez, vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón y Ramas Afines, comentó que una eventual relocalización de las concesiones salmoneras o el cese de actividades por estas solicitudes, es un tema relevante y que les preocupa.

“Debemos cohabitar, ser buenos vecinos. Nadie puede estar sobre otros ”, comentó.

Sobre la extensión de la petición, declinó comentar, aunque dijo apelar a que se respete los espacios de otras entidades y que se mantenga la sustentabilidad y bioseguridad.

Santibáñez sostuvo que no están en contra de los pueblos originarios. “Respetamos ese derecho”, aunque especificó que un derecho no puede pasar sobre otro. “Creemos que los espacios destinados, deben ser bien manejados, acotados, con buenas reglas para que todos nos sintamos protegidos por parte del Estado”, dijo.

Con todo, planteó que la Ley Lafkenche “viene a hacer justicia y reivindica un derecho ancestral. Pero debe estar bajo parámetros en los que todos podamos cohabitar. Debemos ser comunidad”, insistió.