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San Antonio: Concejal recalcó que la ley no faculta a las autoridades municipales autorizar la reapertura de las botillerías en cuarentena

Rodrigo Ogalde

“El alcohol no es un producto de primera necesidad. He estado recorriendo varias ollas comunes y lo planteado por el voluntariado es la falta de elementos de consumo que dicen relación con la alimentación de nuestra población”, dijo Maximiliano Miranda Hernández.

El concejal comunista de San Antonio, Maximiliano Miranda Hernández, expresó su postura respecto a la posibilidad de que las botillerías puedan reabrir en este periodo de cuarentena y destacó que las autoridades municipales no tienen facultades para facultar tal acción.

Consultado por este tema que será debatido mañana en el Concejo Municipal de San Antonio, Miranda dijo que “estamos enfrentando una pandemia a nivel mundial y debemos tener en consideración que estamos frente a un ‘enemigo’ invisible muy poderoso al cual la comunidad científica aún no le encuentra cura, siendo en este momento la ‘única arma’ la distancia física y otras medidas profilácticas para combatir a este enemigo silencioso que no solo enferma, mata y destruye la base de la sociedad que es la familia, dejando con severas secuelas neurológicas, renales y pulmonares a quienes superan la crisis viral”.

Añadió que “las malas políticas habitacionales desde los años 80 a la fecha, han logrado al interior de los grupos familiares hacinamiento, lo que en muchos casos repercute en temas de convivencia familiar, hecho que vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes que viven al interior del grupo familiar y no excluyendo a las mujeres que son víctimas de ella e inclusive a los hombres. Sumar a ello, el alto consumo de alcohol a nivel nacional, donde nuestra comuna no está exenta de ella y que es un flagelo que nos afecta en la calidad de vida de nuestros habitantes”.

Miranda resaltó que “de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud, una de cada 10 personas en Chile, es decir, el 10% tiene un consumo de alcohol de riesgo, siendo adolescentes y adultos jóvenes (entre 15 y 24 años) quienes más beben, siendo el consumo riesgoso de alcohol pues es sabido la cantidad de accidentes con causa de muerte por manejo en estado de ebriedad, femicidios y todo lo que envuelve la violencia intrafamiliar. Además, no debemos olvidar que la ingesta de alcohol produce adicción, discapacidad motriz, pérdida del comportamiento y responsabilidad social, derivando inclusive en cáncer de garganta, en el orofaríngeo, de esófago, hepático y de mama, por esto la presencia del consumo de alcohol un factor de riesgo que no colabora al combate de la pandemia que nuestro país atraviesa”.

Así también, el edil insistió en que “el alcohol no es un producto de primera necesidad. He estado recorriendo varias ollas comunes y lo planteado por el voluntariado es la falta de elementos de consumo que dicen relación con la alimentación de nuestra población”. Y recordó que la pandemia ha provocado graves daños a los ingresos familiares y aumento de la cesantía.

“Es importante tener presente que tenemos un decreto N° 4 sobre alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional por brote Covid–19, de fecha febrero 8 de 2020, de la autoridad sanitaria. A su turno, el Presidente de la República declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en todo el territorio nacional por un plazo de 90 días, a través del decreto supremo N° 104, de marzo 18 de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Además, por el decreto N° 107, de 2020, de esa secretaría de Estado, se declararon como zonas afectadas por catástrofe a las 346 comunas del país, por un plazo de doce meses y dictamen de Contraloría General de la República con fecha junio 4 de 2020, en el cual se señala explícitamente en uno de sus párrafos: ‘De acuerdo con lo previsto en el artículo 4°, letras b) e i), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, las entidades edilicias se encuentran facultadas para desarrollar, directamente o en concurrencia con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas, en lo que importa, con la salud pública, y con la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes”.

En ese sentido, el concejal sostuvo que “corresponde señalar que el ordenamiento jurídico no ha dotado a las autoridades municipales de competencias que les permitan ordenar la apertura o cierre de centros comerciales”. Y aunque reconoció el efecto de la pandemia en los emprendimientos, enfatizó que “lo más importante hoy, lo imperativo, es velar con celo por la alimentación, nutrición y salud de nuestra población, que está evidentemente en un riesgo permanente e indefinido el cual no se ha superado ni existe ningún parámetro que permita avizorar el fin de esta cruel pandemia mundial”.

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