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Corte anuló el juicio por el caso de armas que enfrentó al Gobierno con juez de Garantía de San Antonio

Rodrigo Ogalde

El tribunal de alzada ordenó la realización de un nuevo juicio oral en contra de Manuel Roberto Olivares Maldonado y Nilson Omar Cerda Órdenes, quienes en junio del presente año habían sido absueltos de los delitos de porte ilegal de arma de fuego y de receptación, incidente registrado el 28 de mayo de 2018.

Esta mañana se conoció el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que acogió el recurso de nulidad contra la sentencia dictada el 19 de junio de 2019, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, que absolvió a Manuel Roberto Olivares Maldonado y Nilson Omar Cerda Órdenes como autores de los presuntos delitos de porte ilegal de arma de fuego y de receptación, incidente registrado el 28 de mayo de 2018.

Dicho caso, que en mayo y junio de 2018 enfrentó al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y al juez de Garantía de San Antonio, Juan Pablo Flores, quien declaró ilegal la detención de ambos sujetos y cuestionó la forma en que Carabineros adoptó el procedimiento, tendrá un nuevo capítulo por cuanto la corte porteña ordenó la realización de un nuevo juicio oral por tribunal no inhabilitado.

En junio del año pasado, Piñera criticó vía Twitter la decisión del juez Flores. "Muy grave que Juez de Gtía de San Antonio deje en libertad personas que llevaban en su auto peligrosas armas y municiones. Existen disposiciones legales expresas para evitarlo. Necesitamos que nuestros tribunales apliquen la ley y colaboren con la seguridad de nuestras familias", expresó el Mandatario.

El Tribunal de Alzada decidió la realización de un nuevo juicio, luego de establecer falta de fundamento en la absolución de los acusados.

La Corte de Apelaciones planteó en su resolución, que para los jueces de primera instancia, la ilicitud de la prueba y el argumento de la absolución, fue que el control de detención no calificaba para la realización de las actuaciones policiales.

Sin embargo, el tribunal de alzada afirmó que tal ilicitud fue revisada por el juez de garantía respectivo y revisada por la misma Corte de Apelaciones al conocer el recurso y "confirmada por resolución fundada al estimar que no existía tal ilicitud y que la policía estaba habilitada para proceder a dichas actuaciones en la forma en que lo hizo, resolución que quedó ejecutoriada en su oportunidad, razón por la cual dichas pruebas fueron incorporadas al auto de apertura del juicio oral para ser rendidas y posteriormente ponderadas por el tribunal".

Para la Corte, los jueces desconocieron "completamente lo decidido en un recurso de orden jerárquico, que resolvió el conflicto de ilicitud planteado por la defensa, recreándolo y retrotrayendo su actuación a etapas pretéritas al juicio oral, sin que siquiera tal ilicitud haya emergido de la rendición misma de la prueba en el juicio oral, infracción que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo".
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