Contraloría cuestiona pago de subsidio de agua potable a concejala de San Antonio

La Contraloría Regional de Valparaíso cuestionó la entrega del subsidio de agua potable a la concejala de San Antonio, Mónica González (UDI) ya que ella no habría entregado la información actualizada para el Registro Social de Hogar (RSH).

De acuerdo al informe N° 30, la investigación se inició tras una denuncia efectuada por una funcionaria municipal que señaló que la edil "habría entregado información falsa en el Registro Social de Hogar (RSH) a fin de recibir indebidamente beneficios sociales del Estado".

Después de realizada la auditoría por parte del ente contralor, este señaló que "que la concejala Mónica González Gómez desde la asunción al cargo el 6 de diciembre de 2016 no efectuó solicitudes para actualizar la información contenida en el RSH, como por ejemplo aquella referida a su ocupación e ingresos percibidos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 25 del decreto N° 22 de 2015, del Ministerio de Desarrollo Social, el cual asigna el deber de los funcionarios de mantener actualizada la información de su hogar en caso de producirse varias, por lo que la Municipalidad de San Antonio deberá adoptar medidas que le permita, en lo sucesivo, controlar que las autoridades municipales que posean RSH cumplan dicha disposición".

Así también la Contraloría puntualizó que "la concejala Mónica González Gómez, desde mayo de 2016, esto es antes de resultar electa y asumir dicho cargo, recibe mensualmente el subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas, contemplado en el artículo 3 de la Ley 18.778, advirtiéndose que en junio de 2019, cuando ya ostentaba el cargo, solicitó su renovación, la que le fue conferida por un periodo de tres años. En ese sentido, se detectó que el alcalde no ha efectuado una revisión para verificar si en el caso de la concejala ha dejado de concurrir algunos de los requisitos legales o complementarios para el otorgamiento y mantención del citado beneficio, conforme a la facultad que le confiere el artículo 16 del reglamento del citado texto legal".

Por todo esto, la Contraloría le pidió al municipio que revise la situación de la concejala e informe de las medidas tomadas al respecto y si cumple o no con los requisitos para seguir recibiendo dicho subsidio.

Así también, el ente contralor le solicitó al alcalde que un plazo de 30 días evalúa la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra la concejala ya que la misma funcionaria dio cuenta de estos hechos ante la Contraloría le había pedido a Omar Vera que la edil fuera denunciada por "injurias, calumnias y hostigamiento laboral".

Respecto a este caso, SoySanAntonio.cl se contactó con la concejala Mónica González pero esta declinó referirse al tema aunque admitió que ya no recibe el citado subsidio.