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Detectaron más de mil certificados falsos en tramitación de jubilaciones

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Superintendencia de Pensiones (SP) afirmaron que están investigando la actuación de los asesores previsionales y agentes de ventas, que gestionan retiros programados y rentas vitalicias.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Superintendencia de Pensiones (SP) informaron de la detección de irregularidades en la actuación de los asesores previsionales y agentes de ventas, que gestionan retiros programados y rentas vitalicias, lo que implicaría la emisión de más de mil certificados falsos en tramitación de jubilaciones.

En un comunicado, las autoridades señalaron que la investigación se enfocó en el sistema electrónico denominado SCOMP (Sistema de Consultas de Ofertas y Montos de Pensión) a través del cual las AFP, compañías de seguros de vida que comercializan rentas vitalicias y los asesores previsionales tramitan las solicitudes de ofertas de pensión para los futuros pensionados.

"Durante el proceso de fiscalización se detectaron casos de uso irregular de las copias de los Certificados de Ofertas de Pensión -emitidos por SCOMP- y adulteraciones por parte de agentes de venta de rentas vitalicias y asesores previsionales, con el objetivo de adelantar la aceptación de ofertas por parte del pensionado", señalaron.

Esta acción infringiría la norma, ya que para tramitar las pensiones se requiere dicho certificado con la "finalidad que los pensionados cuenten con toda la información sobre las ofertas disponibles en cada caso".

Hasta el momento, la CMF y la SP detectaron 1.020 casos irregulares, cuyo Certificado de Ofertas carece de información clave para la ejecución de los trámites.

Ante esto, ambos organismos formularon requerimientos de información a las AFP, compañías de seguros de vida y SCOMP. También se reunieron con la Asociación de Aseguradores de Chile para plantear su preocupación por las presuntas irregularidades detectadas.

Los antecedentes de estos hechos ya fueron remitidos al Ministerio Público, para determine la presunta existencia de delitos.

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