Actas del Cosena: autoridades cuestionaron convocatoria y sistema de Inteligencia

Tras dos semanas desde la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) que convocó el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda, la Presidencia las actas de la cita.

En dicha reunión se encontraban presentes como el contralor Jorge Bermúdez, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, los titulares del Senado y la Cámara de Diputados, Jaime Quintana (PPD) e Iván Flores (DC), respectivamente, además de los cuatro comandantes en jefe de las FF.AA y de Orden y Seguridad, Ricardo Martínez (Ejército), Osvaldo Larrañaga (Armada), Arturo Merino (Fuerza Aérea) y Mario Rozas (Carabineros). A ellos se sumaron los ministros del Interior, Gonzalo Blumel y de Defensa, Alberto Espina.

En el documento se pueden apreciar las opiniones que dieron las autoridades del Estado al presidente.

Un consenso generalizado en la reunión fue la debilidad del sistema de inteligencia. Además en la cita hubo un reconocimiento de Carabineros de que su labor se vio sobrepasada con el estallido social, y se produjo un debate por parte de las autoridades del Congreso y la Contraloría sobre la pertinencia de la citación.

En dicha reunión Piñera defendió su decisión de decretar estado de excepción constitucional de emergencia, señalando que "los hechos de violencia y vandalismo que hemos observado en estos días han producido un grave daño al país y a los ciudadanos, con un grave impacto en la confianza ciudadana y la capacidad de crecimiento de la economía, frente a lo cual el Gobierno ha propuesto una Agenda de Seguridad Ciudadana”.

“Si no se hubieran decretado los Estados de Emergencia, no habría cumplido con su deber, dada la grave situación de violencia que vivía el país y su impacto sobre el orden público y la seguridad ciudadana. En tal sentido, se realiza un breve repaso al daño producido en el país, el que principalmente afectó a los sectores más vulnerables de nuestra población. Y en que el desafío para las fuerzas policiales era de tal magnitud, que se requería contar con la colaboración de las Fuerzas Armadas”, dijo el Mandatario.

Por otra parte, el presidente del Senado señaló que "no comparte la convocatoria al consejo" y pidió que el acta de la sesión sea pública. Quintana, además condenó “los actos vandálicos, la violencia manifestada en los saqueos, incendios y otros actos similares, e indicó que se debe dar cumplimiento al deber de informar al Congreso Nacional acerca de las medidas que se adoptaron en el marco de los Estados de Excepción y espera que no se recurra a otras medidas excepcionales en el futuro”.

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito se refirió a la observancia de los derechos humanos, pues señaló que “una condición básica para restablecer la confianza y la tranquilidad es la observancia de los derechos humanos, especialmente por parte de las instituciones que deben velar por tales derechos y hacer que se cumplan”, agregando que “como Poder Judicial, se han preocupado de que los jueces vayan a las comisarias en búsqueda de información, para que las personas no tengan la incertidumbre de cómo están sus familiares. Esta es una condición básica para restablecer el orden y la mejor convivencia”.

El acta informó que el Contralor cuestionó la convocatoria y a los servicios de Inteligencia, pues Bermúdez afirmó,s según el acta, que "la regulación del Consejo de Seguridad Nacional se encuentra en la Constitución, no pareciéndole la convocatoria realizada".

El contralor además planteó “que se trata de un resabio de una época pretérita de nuestra República, en que el poder civil estaba supeditado al poder militar. En su opinión, no habría argumentos para entender que estamos frente a un problema de seguridad nacional, ya que aquí hay un problema de orden público, lo que amerita otro tipo de soluciones. En relación a los datos que se han entregado en esta sesión, como Contraloría, se está cumpliendo con la labor que les corresponde por ley, tomando razón de aquellos actos administrativos que deben someterse a ese trámite”.

“Poco se sabe sobre qué falló para que el país llegara a la situación en que está. Se gastan muchos recursos en Inteligencia, por lo que le gustaría saber qué ocurrió y porque no se tomaron medidas preventivas para evitarlo”, añadió refiriéndose al sitema de Inteligencia nacional.

La respuesta de las FF.AA.

En el turno de los comandantes en Jefe, según el acta el primero en intervenir fue Martínez, quien aclaró que “respecto a las Fuerzas Armadas, les está vedado realizar operaciones de Inteligencia interna, solo residual respecto a Carabineros o la PDI. Sugiere que se avance en una Ley de Inteligencia, y así poder adelantarse a las acciones disruptivas”.

"Orden público es de responsabilidad de Carabineros, y las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad primaria en la defensa de la soberanía”, añadió Martínez y sostuvo que "las policías han realizado un tremendo esfuerzo por entregar mayor paz a los ciudadanos. Explica que ni las policías ni los miembros de las Fuerzas Armadas salen a la calle a producir daño, ni tampoco a que les hagan daño a ellos".

En segundo lugar conversó Larrañaga quien manifestó que “la función de la institución está establecida en la Constitución, y es la defensa de la patria y que “sus actuaciones se han realizado de conformidad a la Constitución y a las leyes”. En relación a las Reglas del Uso de la Fuerza, asegura que “han sido ejecutadas por los Jefes de la Defensa Nacional, ha existido un uso gradual y proporcional de las armas, con cautela por la vida de las personas. En tal sentido, la experiencia de la Armada en misiones de paz les ha permitido contar con personal entrenado para enfrentar las situaciones vividas”.

Además, señaló que la “participación de la institución (Armada) en los Estados de Emergencia se realizó con pleno respeto a las Reglas de Uso de la Fuerza, concentrando su apoyo desde el aire. Indicó luego que “los miembros de las Fuerzas Armadas no salieron a las calles a agredir a la población, sino que a protegerla. Explica que fue la preocupación principal del Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional”. También se sumó a quienes plantearon que el servicio de Inteligencia “debe ser modificado en cuanto a sus funciones y capacidades”.

“En relación a la sensación de que las Fuerzas de Orden se han visto sobrepasadas (Merino) señaló están haciendo un esfuerzo enorme por mantener el orden público, por lo que debemos apoyarlas”, indica el acta, sobre la participación del comandante en jefe de la FACh.

Por su parte, el general director de Carabineros, Mario Rozas agradeció a Piñera "su apoyo y respaldo" y agregó que el Mandatario “le pidió cumplir con la misión de la Institución, con la advertencia de que debe hacerse con respeto irrestricto a los derechos humanos”.

Más adelante planteó que “estamos viviendo una situación sin precedentes, con más de 3.500 eventos de grave alteración al orden público, incluyendo incendios, saqueos y daños a la propiedad”.

Rozas describió, según dice el documento que en esa fecha había “más de 1.180 Carabineros lesionados, de los cuales 200 sufrieron lesiones graves; más de 600 vehículos de la Institución han resultado dañados, así como también cuarteles; 3,4 millones de personas se han congregado a manifestarse y hay más de 11 mil detenidos”.

“Cuando comenzó el estallido, la labor de Carabineros se vio sobrepasada y el despliegue operativo fue muy grande”, sostuvo el general director de la policía uniformada.

Al referirse al tema de DD.HH., Rozas manifestó que "Carabineros tiene una relación estrecha con el INDH, la que se ha ido consolidando. Explica que por cada querella que han presentado, se ha abierto un sumario interno. Es decir, por cada denuncia de abuso, se abre un sumario. Señala que, en el caso de los 12 carabineros que serían formalizados, los casos fueron levantados por la propia institución, haciendo la respectiva denuncia al Ministerio Público. Señala que son los primeros en promover el respeto de los derechos humanos en Carabineros”.

La defensa a la convocatoria del Cosena

El ministro de Defensa, Alberto Espina, por su parte respaldó la decisión del mandatario de decretar estado de emergencia, pues aseguró que “es un hecho público y notorio que existieron hechos graves como incendios, daños a la propiedad y a las personas, por lo que el Presidente de la República cumplió con su deber de respetar la Constitución”.

“Durante el Gobierno de Ricardo Lagos, en plena democracia, estableciéndose nuevas funciones y estructura, por lo que no corresponde decir que es un resabio del pasado, sino que es producto del debate legislativo que se dio en el Congreso”, y que la definición moderna de seguridad nacional “dice relación con una alteración al normal desenvolvimiento del país. Es decir, una alteración a la seguridad, por lo que citar al Consejo fue una decisión correcta”, aseguró Espina.

Gonzalo Blumel, ministro del Interior, por su parte dijo que “modernizar el Sistema de Inteligencia, cuya tramitación ha sido reforzada por las urgencias presentadas, permitirá anticiparse y reaccionar para poder sancionar los delitos que atentan contra la seguridad de las personas”.

Según el acta, el contralor, Jorge Bermúdez, nuevamente tomó la palabra para preguntar "si el orden público está incorporado en el concepto de seguridad nacional”.

“Juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y que la Constitución vigente incluye al Consejo de Seguridad Nacional como organismo asesor del Presidente, por lo que estimó relevante conocer las opiniones de las más altas autoridades de la Nación, en un período tan complejo como han sido las últimas tres semanas”, dice el acta sobre la intevención de Piñera durante dicho momento de la reunión.

El documento dice que el Presidente cerró su respuesta indicando que “nadie quiere dictar un Estado de Emergencia, pero fue su deber dictarlos, dentro del marco de la Constitución, para resguardar el orden público y la seguridad ciudadana, y para poder proteger a los más vulnerables”.

Finalmente, la última autoridad en intervenir fue el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, quien reforzó el punto de su par del Senado, pidiendo una nueva constitución.

"En relación a la nueva Constitución, señala que el Congreso ya partió realizando cabildos, y el Gobierno debe tomar este desafío, pues debemos tener una discusión constitucional en que la ciudadanía participe", puntualiza el acta.