El valor del tiempo en la infraestructura regional
Leonardo Daneri, Presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA A.G.), aborda la importancia y el rol reactivador que tendrá el MOP a través de la materialización de la cartera de proyectos anunciados recientemente y su sentido de oportunidad en el caso de las regiones.
Desde hace 25 años que nuestro país viene desarrollando obras de infraestructura pública a través de una virtuosa alianza público-privada llamada Ley de Concesiones, la que ha permitido, a la fecha, levantar más de 90 obras por USD 25.000 millones que, en su conjunto, han impactado positivamente en la calidad de vida de las personas.
Autopistas urbanas, rutas interurbanas, aeropuertos, hospitales, centros penitenciarios y obras de riego, por mencionar sólo las más relevantes forman parte de un portafolio de obras que desde diferentes dimensiones le cambian la cara a las zonas donde se desarrollan, favoreciendo el traslado, la actividad económica y, por cierto, la plusvalía territorial.
Sin embargo, estos positivos efectos requieren de un elemento fundamental que adquiere una mayor relevancia en el caso de las regiones de nuestro país: sentido de oportunidad.
“Nos hemos acostumbrado y hasta normalizamos que el desarrollo de obras se eternice, que algo que debía tomar un par de años se transforme en décadas soslayando por completo el costo de no tener dicha instalación en el momento para el cual fue diseñada. Buenos ejemplos de esta situación los podemos encontrar en el proyecto Orbital Sur, en la Región Metropolitana y, en el Bypass para acceder a la ciudad de Castro, en la isla de Chiloé”, puntualiza Leonardo Daneri, Presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA A.G.).
El ejecutivo complementa indicando que el proyecto Orbital en Santiago “viene durmiendo el sueño de los justos desde mediados de los ´90, con iniciativas similares. Específicamente, el nombrado Orbital Sur ingresó al sistema como Iniciativa Privada a fines de 2014, en 2017 realizó la consulta ciudadana con la participación de más de 400 vecinos. Cuatro años después dicha obra aún no logra iniciar su fase de obras con el agravante que, además, la mayoría de esos vecinos ya no reside en el lugar”.
A su vez, en el caso del Bypass de Castro el problema es otro. En 2015 se iniciaron sus obras de construcción, las que se paralizaron el 2018 por la presencia de vestigios arqueológicos que hicieron necesaria la intervención del Consejo de Monumentos Nacionales. Hasta ahí todo marchaba bien, si no fuera porque tal como informó la prensa en febrero recién pasado, los trabajos de prospección arqueológica aún se están llevando a cabo y las obras no presentan avance.
Por este motivo y atendiendo el rol reactivador que tendrá el MOP a través de la materialización de la cartera de proyectos que anunció recientemente, es que es de toda lógica incorporar variables como un mecanismo de control tanto en los anuncios como en la planificación y ejecución de los mismos.
“De lo contrario, el Estado seguirá llegando tarde producto de la lentitud con que gestiona los proyectos. De hecho, según cifras de la Dirección General de Concesiones, la actual administración mantiene 23 proyectos en licitación de los cuales, a la fecha 11 se encuentran adjudicados (ninguno el 2020), 7 licitados y el resto, en algún proceso administrativo anterior”, especifica Daneri.
A juicio del Presidente de COPSA, la urgencia de la infraestructura tiene dos relevantes aristas en el mundo pandémico en que nos encontramos; “por un lado mejora de la calidad de vida de las personas y, por otro, el poner en marcha inversiones implica, dada su cuantía y plazo, ser el motor en materia de empleo y reactivación que nuestro país y sus regiones tanto necesitan”.
Autopistas urbanas, rutas interurbanas, aeropuertos, hospitales, centros penitenciarios y obras de riego, por mencionar sólo las más relevantes forman parte de un portafolio de obras que desde diferentes dimensiones le cambian la cara a las zonas donde se desarrollan, favoreciendo el traslado, la actividad económica y, por cierto, la plusvalía territorial.
Sin embargo, estos positivos efectos requieren de un elemento fundamental que adquiere una mayor relevancia en el caso de las regiones de nuestro país: sentido de oportunidad.
“Nos hemos acostumbrado y hasta normalizamos que el desarrollo de obras se eternice, que algo que debía tomar un par de años se transforme en décadas soslayando por completo el costo de no tener dicha instalación en el momento para el cual fue diseñada. Buenos ejemplos de esta situación los podemos encontrar en el proyecto Orbital Sur, en la Región Metropolitana y, en el Bypass para acceder a la ciudad de Castro, en la isla de Chiloé”, puntualiza Leonardo Daneri, Presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA A.G.).
El ejecutivo complementa indicando que el proyecto Orbital en Santiago “viene durmiendo el sueño de los justos desde mediados de los ´90, con iniciativas similares. Específicamente, el nombrado Orbital Sur ingresó al sistema como Iniciativa Privada a fines de 2014, en 2017 realizó la consulta ciudadana con la participación de más de 400 vecinos. Cuatro años después dicha obra aún no logra iniciar su fase de obras con el agravante que, además, la mayoría de esos vecinos ya no reside en el lugar”.
A su vez, en el caso del Bypass de Castro el problema es otro. En 2015 se iniciaron sus obras de construcción, las que se paralizaron el 2018 por la presencia de vestigios arqueológicos que hicieron necesaria la intervención del Consejo de Monumentos Nacionales. Hasta ahí todo marchaba bien, si no fuera porque tal como informó la prensa en febrero recién pasado, los trabajos de prospección arqueológica aún se están llevando a cabo y las obras no presentan avance.
Por este motivo y atendiendo el rol reactivador que tendrá el MOP a través de la materialización de la cartera de proyectos que anunció recientemente, es que es de toda lógica incorporar variables como un mecanismo de control tanto en los anuncios como en la planificación y ejecución de los mismos.
“De lo contrario, el Estado seguirá llegando tarde producto de la lentitud con que gestiona los proyectos. De hecho, según cifras de la Dirección General de Concesiones, la actual administración mantiene 23 proyectos en licitación de los cuales, a la fecha 11 se encuentran adjudicados (ninguno el 2020), 7 licitados y el resto, en algún proceso administrativo anterior”, especifica Daneri.
A juicio del Presidente de COPSA, la urgencia de la infraestructura tiene dos relevantes aristas en el mundo pandémico en que nos encontramos; “por un lado mejora de la calidad de vida de las personas y, por otro, el poner en marcha inversiones implica, dada su cuantía y plazo, ser el motor en materia de empleo y reactivación que nuestro país y sus regiones tanto necesitan”.
