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Estudio: sólo el 24% de los órganos del Estado han implementado medidas contra la discriminación

Así lo demuestra un investigación del Instituto de Política Liberal, patrocinado por el Movilh, que tomó como referencia que la Ley Zamudio entró en vigencia hace un año.

El Instituto de Política Liberal (IPL) dio a conocer una investigación, patrocinada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), dónde da cuenta de las acciones cursadas por los órganos del Estado para llevar a la práctica las medidas que establece la ley contra la discriminación, conocida como Ley Zamuio.

El estudio ahondó sobre los niveles de cumplimiento del artículo 1 de la Ley Zamudio, el cual obliga a “cada uno de los órganos de la administración del Estado” a “elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona”, la no discriminación arbitraria.

La metodología se basó en el desarrollo de un índice, que se materializó en un semáforo. El verde indica que se ha implementado medidas concretas contra la discriminación, el amarillo la declaración de intenciones o el desarrollo de estudios y el rojo el que no efectuó ninguna acción en virtud de la aplicación de la Ley Zamudio, aún cuando en algunos casos se está en vías de ello. Por último, el gris, se refiere a aquellos órganos del Estado que no proporcionaron información sobre la materia.

El 35,14% la concentró el color rojo, ubicándose en esta categoría los ministerios de Educación, del Trabajo, de Economía, de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo, entre otros.

Fueron seguidos por el amarillo, con el 34,8%, estando en este rubro los ministerios Secretaría General de la Presidencia, de Justicia, de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, entre otros.

En el color verde, con el 24,3%, destacaron el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Servicio Nacional de la Mujer.

Por último, y con el 2.70% sólo el ministerio del Interior no reportó antecedentes sobre la manera cómo estaba aplicando la Ley Zamudio, en particular a través de las intendencias.

Los datos fueron obtenidos mediante preguntas a organizaciones sociales y a los organismos públicos, siendo consultados estos últimos mediante la Ley de Transparencia.

El subdirector y el investigador del IPL, Luis Felipe Ramos y Jean Masoliver, respectivamente, concluyeron que la implementación de la Ley Zamudio “ha sido deficiente por parte de los órganos del Estado, siendo necesaria una institucionalidad que coordine la ejecución al interior de las distintas reparticiones públicas”.

En tanto, el vocero del Movilh, Óscar Rementería, puntualizó que “si bien ha habido esfuerzos, es muy importante que los órganos públicos intercambien las experiencias entre aquellos casos que ya han implementado la ley y aquellos nada han hecho”, agregando que “no deja de llamar la atención que el Ministerio de Educación, una cartera clave para promover la no discriminación en los planos sociales y culturales, no registre ningún avance en esta materia, lo que es lamentable”.
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