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Movilh espera que La Moneda adopte medidas en caso de funcionario de la Segpres amenazado de muerte por su orientación sexual

El gestor de facturas en la Unidad de Compras, José Miguel Lucero, ha sufrido ataques homofóbicos desde 2016.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) pidió que La Moneda adopte medidas en el caso del funcionario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia José Miguel Lucero, quien ha sido amenazado de muerte por su orientación sexual desde 2016.

Según El Mostrador, al gestor de facturas en la Unidad de Compras le enterraron un cuchillo en la mesa con la advertencia "Muerte al fleto Lucero" en noviembre del año pasado.

También pusieron papeles con excrementos en su mochila y ha recibido cartas que dicen que lo "quieren muerto". El agresor sería Manuel O, un dirigente de la Asociación de funcionarios.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, dijo que "el Ministerio Secretaría General de la Presidencia debe en breve aclarar si efectivamente está brindando o no apoyo emocional al trabajador y si lo tiene alejado de quien identifica como responsable de los abusos. Frente a hechos de esta naturaleza, y al margen de cual sea el resultado de todo sumario o investigación, lo que corresponde es resguardar la integridad psicológica del denunciante, algo que de acuerdo a la información conocida no estaría ocurriendo en este caso".

El dirgente anunció que "hoy mismo enviaremos una misiva a la Presidenta Michelle Bachelet para que encomiende una investigación rigurosa sobre este caso, al tanto que solicitaremos al ministro Secretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, que mientras se aclaren estos hechos se aleje al supuesto victimario de la víctima. Es lo mínimo que se puede hacer para contener y prevenir. La sensación se impunidad produce un doble daño en quienes padecen homofobia".

Junto con valorar que el INDH "esté interviniendo en este caso" y expresar su "solidaridad al afectado", Rementería puntualizó "que al margen de cualquier sumario, las autoridades gubernamentales tienen el deber de adoptar medidas de prevención inmediatas. Así lo exige la Ley Zamudio y el mismo compromiso que el Estado firmó con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".
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