Alertan por casi 30 mil ascensores que operan sin estar certificados

Desde el año pasado todos los edificios, tanto residenciales como de oficinas, están obligados a tener sus ascensores certificados e inscritos en un registro oficial que administra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Sin embargo, a la fecha más de la mitad de las torres en el país ha ignorado la exigencia, operando sus instalaciones fuera de norma.

Según un catastro realizado por la cartera, en el registro hay 17.012 equipos de transporte inscritos, pese a que se estima que en todo Chile hay cerca de 44 mil ascensores. Ello quiere decir que existen unos 27 mil instalaciones (61%) funcionando sin certificar.

“Es un porcentaje altísimo y queremos empezar a revertir eso”, señaló el ministro Cristián Monckeberg, quien ayer lideró un llamado a los residentes de edificios a exigir el certificado. “Esta certificación lo que hace es acreditar que la mantención es adecuada, que efectivamente el ascensor va a prestar un buen servicio, que son seguros, y que pueden ser utilizados por las personas”, explicó.

De acuerdo a la Ley 20.296 que regula la seguridad de los ascensores, todos los edificios están obligados a tramitar la certificación de sus equipos de transporte. En el caso de las torres de oficinas se debe realizar una vez al año, mientras que las residenciales deben ser examinadas cada dos años. En paralelo, cada mes las instalaciones deben contar con un mantenimiento, cuyo cumplimiento se fiscaliza al realizar la inspección.

La región con más ascensores certificados es la Metropolitana, con 12 mil sellos pegados. En caso de no contar con la certificación, los vecinos pueden exigir al administrar del edificio que lo solicite, para lo cual se habilitó un banner en www.minvu.cl con las personas autorizadas para hacerlo. Entre los elementos que se revisan está el sistema de suspensión de poleas y cables, el limitador de velocidad y el sistema de emergencia. El incumplimiento de la norma implica multas que van de 50 a 150 UF ($ 1.389.600 a $ 4.168.800) en contra del propietario.