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Caso Ámbar: Corte Suprema reconoció estar "consciente" de las críticas por haber otorgado la libertad condicional a Hugo Bustamante

La vocera del máximo tribunal admitió que existe "una gran deuda del sistema penal chileno"

Esta jornada la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se refirió a las críticas que ha recibido el Poder Judicial por el caso Ámbar, luego de que el acusado por la muerte de la joven, Hugo Bustamante, fuera beneficiado en el año 2016 con la libertad condicional.

La magistrada señaló que "la comisión de libertad condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en abril de 2016 otorgó la libertad condicional a varios internos, que figuraban en una nómina que elaboró Gendarmería de Chile en base a criterios objetivos y conforme a la legalidad vigente a esa época"

En esa misma línea, explicó que el imputado recibió el beneficio ya que cumplía con los "párametros" que se pedían en se entonces, que consistían en "haber cumplido el postulante la mitad de la condena impuesta por sentencia ejecutoriada. Haber observado una conducta intachable en el recinto penitenciario en que estaba cumpliendo la condena. Y haber aprendido bien un oficio, si hay talleres en dichos establecimientos y haber asistido con regularidad y provecho a la escuela instalada en dicho lugar".

"Los miembros de dicha comisión analizaron el cumplimiento de los requisitos respecto de aquellos internos que pidieron la libertad condicional y se les concedió en forma unánime a aquellos que sí lo cumplían, lo que significa que debían seguir cumpliendo la pena impuesta, pero en libertad", afirmó la vocera.

Además, Chevesich dijo que "a mí y a todos los integrantes del Poder Judicial nos duele profundamente la muerte de una adolescente"

"Estamos conscientes de la crítica que se nos formula por haber otorgado la libertad condicional a una persona que se le imputa participación directa en ese hecho, quien la obtuvo el años 2016 tras cumplir 11 años de una pena impuesta por un doble homicidio que cometió", cerró.

También la jueza admitió que existe "una gran deuda del sistema penal chileno" en marco de la ejecución de penas "es decir, lo relativo a la implementación de un proceso de seguimiento eficiente y eficaz de los condenados, mediante una labor de delegados que los acompañen en todo su proceso de reinserción social y la existencia de juezas y jueces de ejecución que puedan adaptar decisiones en torno a aquello".

"Con todo, el Poder Judicial siempre ha estado disponible para introducir modificaciones y perfeccionar la normativa que arregla su quehacer. En el caso concreto, para establecer mejores estándares para otorgar la libertad condicional que permitan un efectivo seguimiento de los procesos, y el desarrollo y aplicación de políticas de reinserción social", cerró.

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