Superintendencia le pide a universidad que aclare la agresión de un estudiante por una morosidad

La Superintendencia de Educación Superior ofició a la Universidad Andrés Bello (UNAB) para que presente, en un plazo de cinco días hábiles, los antecedentes y las acciones adoptadas por la institución, luego de conocerse el caso de un alumno que fue agredido por un funcionario de la empresa de cobranza Remesa.

Francisco Jorquera, estudiante de Derecho de la UNAB, mantiene una deuda de 300 mil pesos con la universidad, la cual no ha podido pagar porque fue despedido en marzo, como efecto del inicio de la pandemia en el país.

Según contó el joven a CHV, comenzó a recibir llamados telefónicos de la compañía hasta que un funcionario llegó a su casa e intentó golpearlo cuando se negó a firmar el documento de notificación. Todo fue registrado por las cámaras de seguridad de su condominio.

La superintendencia ayer le pidió a la casa de estudios la copia del contrato de prestación de servicios entre ella y la empresa de cobranza involucrada, además de las acciones adoptadas por la UNAB para conocer los detalles del incidente para evitar que esto vuelva a ocurrir.

Además, le ordenó que le proporcione el detalle de las acciones que tomará la universidad para interiorizarse sobre la situación del afectado y las medidas de acompañamiento y protección que haya dispuesto.

"Para la Superintendencia de Educación Superior es prioridad velar por los derechos e intereses de las comunidades estudiantiles", dijo el superintendente, Jorge Avilés.

La empresa de cobranza Remesa lamentó lo ocurrido, desvinculó al trabajador y aseguró en un comunicado que "los hechos no se adecuan a las políticas, ni a los protocolos de la empresa". Asimismo, precisó que el sujeto que protagonizó el video no era un cobrador, sino que un "verificador de domicilio, que desconoce la deuda del joven".

"Esta verificación se debe realizar cuando existen deudas o embargos, para que, en el caso de tener que enviar una notificación, ésta llegue efectivamente al domicilio del deudor, para no causar así un perjuicio mayor", explicó. Desde la empresa se disculparon con el joven e informaron que asumirán el costo de la deuda atrasada.

Cuando se dio a conocer el caso, la universidad se defendió señalando que la toda la gestión de cobranza la realizan empresas externas. "La UNAB ha tomado la decisión de poner fin a la relación contractual con la empresa de cobranza Remesa y se encuentra evaluando todas las acciones legales para evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir", dijo.

La respuesta no conformó al presidente de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Juan Santana (PS), quien comentó que "hay una clara responsabilidad de la universidad, ya que hay un servicio contratado externo, pero eso no exime a ninguna institución de asumir la responsabilidad que le corresponde porque deben conocer los procedimientos que estas empresas realizan para la cobranza financiera".

El parlamentario planteó que no están claras las sanciones que puede tener la universidad al tratarse de una situación muy particular. "Yo creo que debe ser una sanción monetaria y también sobre las exigencias y criterios que establecen cuando se contratan este tipo de servicios", dijo. Por lo mismo, informó que la comisión oficiará a la Superintendencia de Educación Superior para que le inforne las sanciones y procedimientos que seguirá respecto a este caso.