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Formalizaron a funcionario de la Defensoría que inventó atentado mapuche contra la familia Luchsinger

El imputado fue formalizado por obstrucción a la investigación y denuncia calumniosa. Fiscal explicó que el hombre actuó en venganza contra su ex pareja por problemas que tenían respecto al cuidado del hijo de ambos.

En el Juzgado de Garantía de Temuco se desarrolló la formalización en contra de un funcionario de la Defensoría Penal Pública (DPP) que se inventó un atentado contra la familia Luschinger y inculpando a su ex como un plan de venganza.

Cristian Voullieme, fiscal de la Región, explicó que el funcionario actuó motivado por rencores que mantenía por problemas respecto al cuidado del hijo de ambos.

"Se formalizó por los delitos de obstrucción a la investigación y denuncia calumniosa. Se fijó un plazo de tres meses para la investigación, prohibición de acercarse a las víctimas, que en este caso son los denunciados", informó Voullieme.

El Caso

Todo comenzó con un llamado a la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco) ocurrido el 16 de marzo, en el cual, un hombre que hablaba en español y en mapudungún -quien aseveró ser comunero mapuche- alertó a la policía sobre un presunto atentado que se preparaba en contra de un fiscal de la zona y la familia Luchsinger.

El llamado encendió las alarmas y ante la situación, la Fiscalía de La Araucanía activó el sistema de protección para los amenazados, solicitando a la justicia las medidas intrusivas respectivas para frustrar el supuesto plan y dar con los autores.

Entre las diligencias desarrolladas se pudo determinar que en efecto, la llamada se había efectuado desde un chip a nombre de un imputado del denominado “caso Iglesias”, la georeferenciación de las antenas además, coincidía con las inmediaciones al domicilio de la misma persona, en la comuna de Vilcún.

Un segundo llamado, efectuado el 31 de marzo, dejó al descubierto una historia diferente. Y es que en esa oportunidad la misma persona entregó mayores detalles del supuesto atentado: el nombre de tres personas presuntamente los organizadores del ataque, una patente del automóvil y la guinda del pastel; que el vehículo transportaba un rifle largo con mira telescópica.

En virtud de los alarmantes detalles la Fiscalía tramitó autorizaciones judiciales de entrada y registro a la comunidad en busca de armas de fuego y se pidió a las compañías el tráfico telefónico de los denunciados. Una vez inicaidas las diligencias no se encontraron señales del presunto atentado.

Tras ello se realizó un análisis más exhaustivo al origen de las sospechoszas llamadas, con lo que quedó al descubierto que el funcionario de la Defensoría Penal Pública, Mauricio Alarcón Vidal, fue quien tramó todo el entuerto, primeramente, comprando un chip que inscribió a nombre de Ariel Alexis Trangol Galino, absuelto en el denominado “caso Iglesias”. Una vez tuvo el chip, Alarcón hizo la llamada desde el camino a Vilcún para dar credibilidad.

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